Entrevista con Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, Director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)
En los últimos meses, el Consorcio de Compensación de Seguros se ha enfrentado a desafíos históricos tras la sucesión de eventos catastróficos en España. Su Director de Operaciones, Alejandro Izuzquiza, nos cuenta cómo se han resuelto estos retos, y hace balance de la historia y perspectivas de esta institución histórica y referente a nivel mundial para el sector asegurador.
El CCS nace con carácter coyuntural tras la Guerra Civil y se establece de forma definitiva en 1954. ¿Cuáles eran sus funciones en un principio y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo?
El Consorcio nació bajo otra denominación en 1941 como un instrumento provisional para facilitar la liquidación de daños producidos por la Guerra Civil española de 1936 a 1939, y fue utilizado para gestionar graves siniestros de los años 40 como los incendios en la ciudad de Santander o el polvorín en Alcalá de Henares (1948).
En una segunda etapa, pasó a ser estable y definitivo mediante una Ley del 16 de diciembre de 1954 que le atribuyó la cobertura de los riesgos extraordinarios y de riesgos agrícolas. Es en esta fase donde fue asumiendo paulatinamente nuevas funciones en los ámbitos del seguro de crédito a la exportación en los años 60, del seguro agrario combinado en los 80 y absorbió a otros dos organismos autónomos de la Administración del Estado (el Fondo de Garantía del seguro obligatorio de automóviles y la Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros).
La tercera etapa, en la que se encuentra, se abrió con la promulgación de su Estatuto Legal en 1991, por la que el Consorcio, hasta entonces con naturaleza jurídica de Organismo Autónomo, pasó a tener la configuración de Sociedad Estatal. Esta norma le dotó de una flexibilidad organizativa y operativa de la que carecía y le introdujo por la senda de la colaboración con el seguro privado. Así ha pasado finalmente a configurarse como Entidad Pública Empresarial en 2004.
¿Cómo complementa al sector asegurador y cómo participa en su estabilidad?
El Consorcio es una institución pública multifuncional, cuya misión no es competir con el seguro privado, sino complementarlo asumiendo funciones en terrenos a los que no puede llegar o no puede hacerlo con total normalidad. Siempre subrayo – muy especialmente cuando tengo que hablar fuera de España- que uno de los activos más importantes del sistema asegurador español es la presencia del Consorcio, que aporta un “plus” público al seguro privado. Por ejemplo, a través de la cobertura del Consorcio los riesgos de catástrofe natural y de terrorismo están asegurados en España de forma estable, permanente y accesible para el público. Además, sin el respaldo a través del coaseguro y del reaseguro del Consorcio, no habría podido ponerse en marcha el sistema español de seguros agrarios combinados, sistema que es otro de los grandes activos del seguro español.
Finalmente, el Consorcio, a través del coaseguro o del reaseguro, puede participar en otras coberturas en casos en los que concurra interés público y existan dificultades en el mercado asegurador, como ocurrió tras los atentados del 11-S, en el ámbito del seguro de terrorismo en la aviación, o con la crisis económica manifestada en toda su crudeza en 2008, que generó problemas de aseguramiento de los riesgos de crédito y de caución.
“Uno de los activos más importantes del sistema asegurador español es la presencia del Consorcio, ya que aporta un plus público al seguro privado”
¿Qué ventajas conlleva para España la existencia de esta entidad?
El Consorcio da estabilidad y clarifica el sistema asegurador, de tal forma que las entidades privadas pueden centrarse en los riesgos estándar. Los papeles están repartidos y la especialización garantizada. Pero es que, además, y eso es clave, cada parte conoce perfectamente cuál es su papel, y ese entendimiento se ha ido forjando con el tiempo. El Consorcio, totalmente público, participa en todas las iniciativas e instituciones constituidas por el seguro privado, no con el ánimo de dirigirlas o de intervenirlas, sino de apoyarlas. El seguro privado y el seguro público no están separados por un muro; todo lo contrario, están en el mismo barco. Estamos juntos en ICEA; en las Comisiones sobre el llamado ‘Baremo’ de daños personales y en los Convenios de asistencia a lesionados de tráfico; en el Consejo Rector de OFESAUTO; en otros Consejos como los de CEPREVEN, Agroseguro, Centro Zaragoza o TIREA. No puedes tener la misión de complementar y de apoyar si estás alejado de aquellos a los que tienes que complementar.
En mi opinión, el Consorcio es una institución fundamentada en la colaboración público-privada. A lo largo de las últimas décadas se ha ido aproximando al seguro privado y viceversa. Creo que en estos momentos hay una muy buena química entre las dos partes.
Como institución única en el mundo, el Consorcio goza de una gran reputación fuera de nuestras fronteras. ¿Qué es lo que más interesa, particularmente en Latinoamérica, de su funcionamiento?
Siempre siento una motivación especial cuando explico la figura, las funciones y los modos de actuación del Consorcio fuera de España y estoy orgulloso de la impresión que causa. El sistema asegurador español está plagado de magníficas iniciativas sectoriales que nos distinguen de otros países de una manera tremendamente positiva, que forjan una cultura común y un entendimiento público-privado que no existe en otros mercados. El Consorcio interesa fuera por su carácter singular, porque sus funciones son muy variadas y porque dan solución a cuestiones que tienen una indudable trascendencia social, y en esta larga experiencia de más de 65 años hemos ido adaptándonos a los cambios sociales y a las necesidades del sector. En Latinoamérica noto un interés especial, porque miran al sistema asegurador español como un ejemplo a seguir y los problemas que abordamos les resultan muy próximos.
¿Es factible una entidad como el Consorcio en Latinoamérica? ¿Cómo solucionan las grandes aseguradoras en esa región la falta de una institución de esta importancia?
No se trata de exportar el Consorcio a esos países, sino de que nos conozcan y vean qué aspectos de nuestro sistema se adaptan con más naturalidad a sus necesidades específicas. Copiar es absurdo; reflexionar y extraer enseñanzas de los éxitos ajenos es lo sensato. Es factible incorporar la esencia del Consorcio, con las adaptaciones necesarias, al seguro hispanoamericano: la colaboración público-privada y la mutualización de los riesgos para hacer la cobertura asequible a todos. El mercado privado no puede dar una solución estable, permanente y asequible a los riesgos de trascendencia colectiva como las catástrofes, el terrorismo, el cambio climático o los riesgos medioambientales. La intervención pública, tampoco. Hay que buscar fórmulas mixtas e involucrar a las dos partes.
Tienen un papel fundamental en la asistencia a víctimas de catástrofes naturales. ¿Podría contarnos cuál es su línea de actuación tras un suceso de estas características?
El Consorcio dispone de dos líneas de actuación para gestionar los sucesos derivados de riesgos extraordinarios. La primera, la más frecuente, es aplicable a todos los riesgos extraordinarios -menos a las tempestades de viento- y consiste en la gestión directa mediante un procedimiento sin papel. Por tanto, recibe y registra informáticamente las comunicaciones de daños que remiten los asegurados directamente, a través de sus aseguradoras o de los mediadores. La comunicación es sencilla -a través de llamada gratuita o por internet-. Asignamos los siniestros comunicados a nuestros peritos de seguros, de una forma racional, ordenada y por zonas o incluso por edificios, mediante un sistema de información georreferenciada, y les vamos notificando los encargos de valoración de daños a través de una plataforma web de comunicación.
Tramitamos a continuación los siniestros una vez peritados en nuestros servicios centrales y en las 17 oficinas de nuestras 14 delegaciones territoriales. Finalmente, abonamos a los asegurados la indemnización resultante -o el anticipo a cuenta de la indemnización en siniestros de larga duración- mediante transferencia bancaria.
En el caso de daños personales causados por un riesgo extraordinario, gestionamos las indemnizaciones de modo centralizado a través de unos tramitadores especializados en estas situaciones más delicadas. Previamente dirijo una carta personalizada a las familias a partir de la cual se inicia la gestión del correspondiente expediente. Son casos que cuidamos de un modo muy especial.
La segunda línea de actuación se activa en caso de daños por tempestad ciclónica atípica (TCA), es decir, viento extraordinario con velocidad superior a 120 km/h o en forma de tornado. Aquí, a diferencia de los demás riesgos extraordinarios, no hay una cobertura automática del Consorcio, pues es preciso conocer previamente a través de AEMET en qué parte del territorio la velocidad del viento superó dicho umbral de velocidad o si se produjo un tornado. En virtud de un Protocolo firmado entre UNESPA y el Consorcio, las aseguradoras atienden a los asegurados sin esperar el pronunciamiento de AEMET y luego solicitan el reembolso al CCS de las indemnizaciones adelantadas en los municipios en los que se produjeron vientos de TCA.
¿Cómo se define el marco de actuación entre el seguro privado y el Consorcio?
Los distintos papeles que corresponden al seguro privado y al Consorcio están lo suficientemente delimitados a través de la legislación del seguro de riesgos extraordinarios, del protocolo de actuación especial en casos de TCA que acabo de comentar y del buen entendimiento en la práctica entre ambos ámbitos privado y público.
El primer factor delimitador lo constituye la relación de riesgos extraordinarios a cargo del Consorcio que establece la legislación. Existen eventos en los que el Consorcio no actúa, como ocurre en los casos de daños producidos por la nieve o por el granizo, y otros en los que intervenimos las dos partes. En caso de lluvia intensa generadora de inundación, el Consorcio indemniza los daños producidos por el anegamiento del terreno derivado de las lluvias o del desbordamiento de un río y, en cambio, es la aseguradora privada la que resarce los daños producidos por filtraciones de la lluvia por ventanas o azoteas.
El segundo factor delimitador reside en el protocolo al que antes hice referencia para gestionar los daños por viento; protocolo que, a mi juicio, es un ejemplo de colaboración entre el seguro público y el privado.
El tercer factor es el buen entendimiento necesario para gestionar en la práctica las indemnizaciones, y reside en la proximidad que existe entre el Consorcio y las aseguradoras, que se ha ido forjando con el paso del tiempo.
“Es factible incorporar la esencia del Consorcio, con las adaptaciones necesarias, al seguro hispanoamericano: la colaboración público-privada y la mutualización de los riesgos para hacer la cobertura asequible a todos”
¿Qué aporta la colaboración entre el Consorcio y el sector privado?
La colaboración, por ejemplo, es importantísima para delimitar correctamente y con sentido común cuándo nos encontramos ante un riesgo a cargo del Consorcio y cuándo se trata de un riesgo estándar que debe afrontar el seguro privado, e igualmente en la fase de presentación de las solicitudes de indemnización o en el caso de TCA actuando, ajustándose al Protocolo acordado.
Esta red aseguradora -entendida como el conjunto de aseguradoras y de mediadores que acompañan a los afectados en el momento del siniestro- aporta orden y concierto en un contexto que es precisamente de desasosiego, impaciencia y desconocimiento. En aquellos lugares en los que existe implantada una red de profesionales del seguro que conoce el Consorcio, su normativa legal, sus procedimientos y criterios, la gestión de los miles de siniestros derivados de un suceso catastrófico es mucho más sencilla y más rápida.
Como ejemplo relativamente reciente tenemos la DANA sufrida en el Levante español en septiembre de 2019, con cifra récord de afectados a indemnizar. ¿Cómo fue la atención de las reclamaciones?
Esa DANA constituyó la inundación con mayor número de siniestros en los 65 años de historia del Consorcio. En conjunto, ha dado lugar a 69.000 siniestros, con un coste que, al final, supondrá en torno a 500 millones de euros.
La primera fase, consistente en la recepción y registro informático de las comunicaciones de daños a través del centro de atención telefónica y de internet, también dio lugar a que se batiera otro récord: el día 20 de septiembre de 2019 se registraron 9.910 solicitudes de indemnización. De las 69.000 recibidas en total, el 70% fueron comunicadas por internet y el 30% a través del teléfono gratuito 900.
En la segunda fase, la de valoración de los daños, ha intervenido también un número récord de peritos de seguros: más de 400 en total. La entrega ordenada y racional -por zonas o por bloques de viviendas y por talleres de reparación de vehículos- de las encomiendas de valoración a los peritos supuso un importantísimo esfuerzo de georreferenciación de cada una de las solicitudes de indemnización.
En la tercera fase -tramitación de los siniestros una vez peritados y pago a los asegurados por transferencia bancaria- han intervenido todos los tramitadores de las 17 oficinas territoriales del Consorcio y dos equipos de apoyo a los servicios centrales.
Es necesario señalar, para dar una idea de la ingente cantidad de siniestros a gestionar, que a la DANA de septiembre le siguió otra en octubre en Cataluña y Cantabria, y a esta última le siguieron las tempestades Daniel, Elsa y Fabien en diciembre y la borrasca de gran impacto conocida como Gloria en enero de 2020. En conjunto, el Consorcio se ha encontrado con un stock de 90.000 siniestros.
En el caso de DANA, ¿qué destacaría de la gestión por parte de las aseguradoras?
Primero, las aseguradoras han colaborado dirigiendo al Consorcio directamente -o a través de sus redes de distribución de agentes y de corredores de seguros- muchas de las solicitudes de indemnización en representación de los asegurados. Las entidades derivaron al Consorcio directamente el 19% de las 69.000 solicitudes de indemnización. La red de agentes y corredores de seguros, por su parte, presentó el 44% de las solicitudes. Y los asegurados lo hicieron en el 37% restante de los casos.
En segundo lugar, se agilizó la tramitación sin molestar a los asegurados solicitándoles justificantes o aclaraciones sobre el aseguramiento en los casos de duda, ya que pedimos a cada aseguradora la designación de un interlocutor con el Consorcio. La reacción fue inmediata y los interlocutores han funcionado excelentemente.
¿Percibe una cultura del riesgo en el tejido empresarial español?
La cultura del riesgo de una red constituida por pymes de forma predominante no es muy distinta a la de los particulares y familias que componen la sociedad española, y sabemos que no está arraigada entre nosotros. En mi opinión, esta carencia no es solamente cultural; también influye el aspecto económico, pues nuestras empresas no están sobradas de recursos y han pasado muchas dificultades. Disponer de un mapa de riesgos, contar con una estrategia y con un departamento especializado que la aplique, por reducido que sea, integrado por profesionales preparados en la gestión de riesgos e invertir en prevención y en la mitigación de los riesgos requiere de recursos.
Hay algo que puede ser ilustrativo: es frecuente que, al gestionar en el Consorcio siniestros de comercios e industrias dañadas por una inundación u otro riesgo extraordinario, el empresario no cuente con cobertura de pérdida de beneficios. ¿Desconocimiento? A veces. Pero en muchas ocasiones es un problema de recursos: se asegura lo indispensable.
Desde su punto de vista, ¿qué importancia tiene actualmente la labor de la gerencia de riesgos dentro de las corporaciones?
La concibo como una disciplina inherente a la actividad empresarial moderna que tiene, por así decirlo, sustantividad propia e independiente de otras materias que integran dicha actividad. En definitiva, no es que la considere esencial; es que, sencillamente es esencial.
Si antes me refería a una cultura del riesgo muy susceptible de mejora en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, en las grandes empresas se han producido grandes avances. Existe una generación de gerentes de riesgos muy preparada y que ya está consolidada. Observo también, desde la atalaya del Consorcio, el surgimiento de una nueva generación que va a ser magnífica continuadora de la que ahora es protagonista. La creciente importancia de la gerencia de riesgos y la igualmente creciente capacidad técnica y profesional de quienes la ejercen ha conducido a que la posición de los gerentes de riesgos y sus equipos haya mejorado en la estructura orgánica de las empresas: han ganado en estatus y en independencia.
¿Qué destacaría de su experiencia al frente del Consorcio?
En mi experiencia de más de 20 años creo que he conseguido forjarme una idea muy completa de la gerencia de riesgos profesional en España, que abarca las distintas facetas.
En primer lugar, en el momento del siniestro he tenido muy buenos gerentes de riesgos como interlocutores del Consorcio y de nuestros peritos. Hemos identificado con claridad las discrepancias y hemos acercado posiciones en un ambiente de mutuo entendimiento.
En segundo término, puedo asegurar que si la interlocución en el ámbito individual ha sido magnífica, la interlocución institucional con las dos asociaciones -AGERS e IGREA, a las que cito por orden alfabético- ha sido -y sigue siendo- de Matrícula de Honor.
En tercer lugar, me ha llamado la atención la valiosísima presencia femenina tanto en la gerencia de riesgos consolidada como entre los nuevos valores, y en las jóvenes promesas de esta disciplina. Es un sector que cuenta con unas fabulosas profesionales, que aportan mucho empuje y una fe entusiasta y contagiosa en la gerencia de riesgos.
Finalmente, creo que tenemos la misión capital de servir de guía a las empresas de menor dimensión para ayudarlas a iniciarse, en unos casos, o a tomar la dirección correcta y profesional, en otros, en la disciplina de la gerencia de riesgos.
Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa (Madrid, 1954), es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y pertenece al Cuerpo Superior de Inspección de Seguros del Estado. El comienzo de su carrera profesional está centrado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y distingue tres etapas fundamentales en su trayectoria dentro de esta institución. La primera, liderando el saneamiento del sector asegurador, que se produjo a partir de 1984, cuando se crea la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA).
La segunda, su nombramiento como Subdirector General de Ordenación de Mercado de Seguros. “En esa etapa tuve, básicamente, una intervención muy directa en el nacimiento del baremo de daños personales del seguro de responsabilidad civil del automóvil y en el proyecto de ley de Mediación de Seguros Privados de 1992”, recuerda. Además, participó muy activamente en la reestructuración del sector.
En 1997 se incorpora al Consorcio de Compensación de Seguros con un objetivo: plasmar en la práctica el background teórico y legislativo que había propulsado a lo largo de su etapa anterior. “Mi objetivo ha sido, fundamentalmente, dar una orientación transaccional y tuitiva a la gestión de las indemnizaciones, hacer el Consorcio más accesible al asegurado y abreviar los plazos de pago de las indemnizaciones”, cuenta. Siempre ubicado en el sector público –“en la defensa del interés general”, como dice habitualmente-, afirma que una de las cosas que más valora es el estar muy en contacto con los profesionales del sector privado. “Entiendo que es complicado ejercer el papel que corresponde al seguro público sin conectar y convivir con el privado”, concluye.
