Desde el principio de la invasión rusa de Ucrania, Bruselas ha adoptado siete paquetes de sanciones contra Moscú, dirigidas a casi mil doscientas personas y casi cien entidades en Rusia, demostrando que las sanciones internacionales, selectivas y comerciales, son efectivas como instrumento de acción política.
El principal argumento que se sostiene respecto de las sanciones es que son efectivas en sus propósitos de coaccionar, limitar o señalar un objetivo frente al Estado sancionado. Por ello, estamos presenciando en estos días los esfuerzos de la Unión Europea y de otros Estados, fundamentalmente EE.UU. y Reino Unido, por reducir la capacidad del Kremlin para alcanzar sus objetivos, mediante la imposibilidad de acceso a sus recursos esenciales.
Las sanciones requieren, de lo que ya se conoce en Bruselas como “paciencia estratégica” porque precisan de muchos esfuerzos en su concepción y definición para buscar el consenso de todos los Estados miembros, y porque, además, se tarda mucho tiempo en conseguir el efecto deseado. El ejemplo más claro lo hemos visto en el intento por reducir la dependencia energética de la Unión Europea respecto de Rusia, que ha dado lugar a numerosas conversaciones entre los países del G7 para la adopción del sexto paquete de sanciones, precisamente, porque se temía el efecto boomerang que pudiera generar sobre los intereses occidentales si la prohibición de la compra y transporte de petróleo, gas y carbón, generaba graves perjuicios a los Estados miembros en el acceso a la energía y combustibles sólidos.
La Unión Europea inició meses atrás varias tentativas para prohibir el transporte de crudo ruso y apuntó hacia el sector marítimo y con ello al sector asegurador. Como es sabido, la mayor parte de las exportaciones rusas de petróleo se transportan en buques cisterna y más de la mitad del tonelaje de pabellón reside en países como Malta y Grecia, quienes desde un inicio no vieron con buenos ojos la restricción o prohibición de envíos de crudo, junto con Hungría y otros países de Europa Central y Oriental. Una prohibición efectiva, decían, pasaba por implicar a países como Estados Unidos y el Reino Unido, para que pudieran ejercer su influencia sobre las naciones en las que hay muchos buques abanderados, como Liberia o Panamá. Lo cierto es que ni Estados Unidos ni Reino Unido han demostrado reticencias en este sentido. Tanto uno como otro, aprobaron la restricción de exportaciones de petróleo ruso para entrada y consumo en sus territorios el 8 de marzo de este año. Más lentos y más tímidamente, lo ha hecho Europa hasta conseguir aprobar el sexto paquete de sanciones el 3 de junio de 2022.
El brazo ejecutivo de la Unión Europea ha prohibido a las compañías (re)aseguradoras europeas la prestación de los servicios aseguradores y financieros necesarios para el transporte de petróleo ruso. Los seguros marítimos han demostrado ser una pieza clave en el tablero. Los principales clubes de Protección e Indemnización (P&I) y las principales aseguradoras para el transporte marítimo que cubren las responsabilidades de terceros, están gestionados desde el Reino Unido, la Unión Europea, Noruega, Estados Unidos y Japón, y cubren el 90% de los buques de navegación marítima. La mayoría de los puertos exigen que los buques cuenten con la certificación P&I, y como era de esperar los compradores de petróleo ruso se mostrarían muy reacios a asumir reclamaciones que podrían ascender a cientos de millones de dólares sin la cobertura P&I. Ha sido necesario en este sentido, convencer al Reino Unido de que se adhiera a la medida de prohibición de servicios financieros, dada la importancia del mercado de seguros de Lloyd’s, e introducir una acción y prohibición coordinada de los servicios financieros marítimos por parte de la Unión Europea, EE.UU. y el Reino Unido.
Esta acción coordinada ha sido la que ha dado lugar a la prohibición de exportación de petróleo ruso a los territorios de la Unión. Ya no es posible justificar, como rezaba el artículo 5aa del Reglamento 2022/428 del Consejo, de 15 de marzo de 2022, que la compra de petróleo era “estrictamente necesaria” para su entrada en algún Estado miembro. Se elimina, por tanto, esta excepción que era la puerta de entrada a la compra de petróleo de países como Hungría, Eslovaquia o la República Checa. En la actualidad y desde que se aprobó el sexto paquete de sanciones, la exportación está prohibida y sólo se permite durante ventanas o períodos de wind down para preservar derechos adquiridos en transacciones comerciales inmediatamente anteriores a la efectividad de las sanciones.
Lo cierto es que la crisis energética ha puesto de manifiesto la importancia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras una vez más, siendo necesario establecer medidas coordinadas entre instituciones públicas y privadas para implementar de forma eficiente las políticas de sanciones internacionales y garantizar su cumplimiento y efectividad. El cumplimiento de las sanciones es una prueba más que evidente de la gestión ética y responsable del sector a pesar de que hayan visto restringidas y limitadas sus capacidades en el tráfico mercantil, con las prohibiciones o restricciones adoptadas en el sector marítimo y en el sector de la aviación. Como es lógico, las (re)aseguradoras no quieren verse expuestas a una posible sanción por contravención de las sanciones internacionales, de ahí que instauren medidas y procedimientos de control interno y de gestión adecuados que garanticen suficientemente su cumplimiento; pero es que, además, su compromiso con la sociedad y con los códigos de gobernanza que las rigen, revelan su importancia y solidez para ayudar a la comunidad internacional en el respeto a los derechos humanos y en el objetivo de avanzar cada vez más hacia una sociedad más sostenible.
