Con el testimonio de Manoel Renato Machado, miembro de la Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SPPI) y la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia abordamos la situación y perspectivas del sector, que se encuentra en un proceso de apertura a la participación privada impulsado por un nuevo marco regulatorio que le acerca a la meta de lograr la universalización del servicio en 2033, establecida en el Plan Nacional de Saneamiento Básico.
A pesar de ser uno de los países más grandes del mundo y contar con grandes reservas de agua, el índice de abastecimiento en todo el territorio brasileño es del 83,6%, el de alcantarillado sanitario se sitúa en el 53,2% y únicamente el 46% de las aguas residuales son tratadas. En parte, la explicación a estas cifras se encuentra en la propia idiosincrasia de la región, como nos explican desde la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia. “El panorama general de los recursos hídricos del país se caracteriza por la desigual concentración del agua, disponiendo el norte de un 68,5% del total. Además, la mayor parte de la población se concentra en las grandes ciudades del Sur y Sudeste, las zonas más desarrolladas económicamente, y también las que presentan un menor índice de disponibilidad de agua. Por tanto, estas regiones están sometidas a un fuerte estrés hídrico que conlleva, frecuentemente, cortes de suministro en metrópolis como Sao Paulo, Río de Janeiro o Distrito Federal”, exponen.
Un sistema heterogéneo
Los hogares desatendidos se concentran en las periferias de las grandes ciudades, en los asentamientos urbanos irregulares y en las zonas rurales, donde solo el 28% tienen acceso a la red general. “Merece destacarse la situación específica del nordeste”, añade Manoel Renato Machado, miembro de la SPPI, “una región semiárida caracterizada por la irregularidad de las precipitaciones, donde predomina la intermitencia de los ríos, con un caudal reducido durante largos periodos del año, con la consiguiente limitación e irregularidad en el acceso al agua para usos prioritarios como el abastecimiento humano”. Para aliviar el problema, se llevan a cabo iniciativas como el trasvase desde el río San Francisco a un conjunto de canales artificiales que benefician a más de 390 municipios en los que viven 12 millones de personas, o la edificación de grandes infraestructuras hídricas.
El trasvase desde el río San Francisco, en el Nordeste de la región, a un conjunto de cana-les artificiales benefician a más de 390 muni-cipios en los que viven 12 millones de personas que sufren el impacto de las habituales se-quías.
En las grandes urbes brasileñas, se cuenta con un óptimo abastecimiento de agua, pero un déficit en los servicios de recogida y tratamiento de aguas residuales. “Los mayores problemas de esas ciudades están relacionados con ocupaciones desorganizadas, comunidades periurbanas, favelas y, especialmente, ocupaciones en el fondo del valle. Es ahí donde se concentra la falta de alcantarillados”, explica Manoel Renato. “En estos lugares hay muchas dificultades para atender a la población, ya que la infraestructura pertinente es muy costosa y existen dificultades relacionadas con la regulación de terreno y la falta de espacio para implementar las soluciones”.
En las zonas rurales, la situación es aún más precaria, ya que solo el 28% de los hogares cuentan con un suministro público de agua. “En las zonas menos pobladas se concentran las soluciones individuales, como los pozos y los pequeños manantiales para el abastecimiento y las fosas sépticas para el tratamiento de las aguas residuales”, afirma Machado.
Inundaciones y sequías
Entre 2003 y 2018, el 48,8% de los municipios brasileños decretaron al menos una vez el estado de emergencia debido a la crecida de agua. Para hacer frente a ambas situaciones críticas, Manoel Renato divide las acciones en dos líneas principales: preventivas y de mitigación. “Para la prevención de desastres se realizan inversiones, en su mayoría públicas, en grandes infraestructuras, en capacitación técnica, en la adquisición de equipo para las defensas civiles (federales, estatales y municipales) y en sistemas de vigilancia del clima para predecir los fenómenos extremos. Entre la red de infraestructura cabe destacar la construcción de presas y embalses que pueden actuar tanto para la amortiguación de inundaciones en períodos de lluvias intensas como para la acumulación de agua para el consumo en períodos de sequía”, asegura.
La aridez climática es especialmente recia en el Nordeste de la región donde, como afirma el experto, “hay un gran número de embalses, presas y depósitos de agua adecuados pero que carecen de un programa de operación y mantenimiento eficiente y, principalmente, de mecanismos de integración que permitan una gestión más flexible”. A esta coyuntura se suma uno de los grandes errores de la gestión de recursos: el alto nivel de pérdidas de agua que, según el último estudio de Trata Brasil de 2019, apunta a que, por cada 100 litros de agua captada y tratada para ser distribuida, 38 son perdidos por fugas, fallos de lectura, robos y otros motivos. “Efectivamente, las tasas de pérdida en los sistemas de suministro son muy altas”, corrobora Machado. “En 2018, según los datos del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS), el 38,5% del agua tratada se perdió en los sistemas de distribución pública. Medidas como la aplicación de la macro y micro medición, los programas de vigilancia, la sectorización de la red y la reinscripción de los usuarios puede ser, entre otras, importantes disposiciones para combatir estas pérdidas. Pero para aplicarlas de manera regular y oportuna, es necesario mejorar la gestión de los servicios y aumentar la inversión”.
Apertura a la participación privada
Hasta ahora, la prestación de servicios de saneamiento en Brasil estaba principalmente en manos de gobiernos locales. Las empresas estaduales abastecen al 71% de los municipios, mientras que las municipales atienden al 24%. El resto está en manos de empresas privadas que, con este nuevo marco regulatorio aprobado el pasado mes de julio, verían aumentada su participación gracias a un proceso de apertura en la inversión. “Con este nuevo contexto jurídico se espera un cambio significativo en la prestación de servicios a partir de ahora”, afirma Machado. Esta ley atraerá a grandes inversores y acercará a la región al objetivo de universalización del servicio.
“El clima favorable promovido por el nuevo marco legal y por el Programa de Parcerias em Investimentos (PPI) invita al sector privado a participar en oportunidades como el tratamiento de aguas residuales o la aplicación de nuevas tecnologías, evidenciando que Brasil es un escenario interesante para empresas con interés en iniciar o profundizar su proceso de internacionalización. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Regional (MDR), a través de la Secretaría Nacional de Saneamiento (SNS), cuenta con varios programas con objeto de mejorar la calidad de los servicios urbanos. Los promotores de estos proyectos son los ayuntamientos o prefecturas de los municipios que, con la ayuda de financiación y préstamos de origen estatal y multilateral, convocan a empresas privadas para realizar los servicios licitados”, apuntan desde la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia, que estiman un incremento de la inversión y una mayor competencia en el mercado, lo que derivará en una mejor calidad del servicio prestado. “El objetivo principal de la legislación es estructurar un entorno de seguridad jurídica, competitividad y sostenibilidad, con el fin de atraer nuevas inversiones. Además, permite la celebración de contratos de servicios en bloque, agrupando ciudades para que municipios vecinos puedan integrar un mismo proceso de licitación. La aglutinación y regionalización hará estos bloques más atractivos para la inversión privada”, concluyen. En lo que resta de año, están previstas seis subastas cuyo valor asciende a 45.900 millones de reales (algo más de 7.200 millones de euros).
Desafíos y perspectivas del sector
El principal objetivo de las instituciones brasileñas, marcado por el Plan Nacional de Saneamiento Básico, es lograr la universalización del servicio en el plazo de trece años. Si bien el nuevo marco regulatorio marca un cauce para la entrada de inversión, Manoel Renato Machado afirma que el éxito de la estrategia depende en gran medida de la regionalización de los servicios para poder atender a la población más pobre, mediante la aplicación de subsidios proporcionados por el sector público. “En la gestión de los recursos hídricos es necesario mejorar la articulación institucional entre las diferentes esferas de gobierno y la integración de las diferentes políticas públicas, como la Política Nacional de Recursos Hídricos, la Política Nacional de Saneamiento, la Política Nacional de Medio Ambiente y las Políticas de Desarrollo Urbano, entre otras”, asegura.
“En cuanto a la articulación institucional, es esencial para el uso de las infraestructuras hidráulicas construidas para el suministro de agua en regiones con escasez de agua, como el Sistema Hídrico PISF (Projeto de Integração do Rio São Francisco), cuyo funcionamiento depende del compromiso de las diferentes entidades federadas (la Unión y los cuatro Estados que reciben sus aguas) para la operación y mantenimiento de la empresa. Sin esta coordinación existe el riesgo de que la empresa no cumpla su función para la sociedad. Para superar este desafío sería necesario fortalecer las instituciones responsables del sector de los recursos hídricos en las diferentes esferas de gobierno”, anuncia.
Por su parte, desde la Oficina Económica y Comercial apuntan a que las compañías sectoriales “buscan constantemente nuevos métodos eficientes desde el punto de vista de los costes y soluciones tecnológicas novedosas”, por lo que “productos y servicios encaminados a la incorporación de tecnología avanzada sin comprometer la inversión en capital constituyen una interesante oportunidad de mercado”, además de la necesidad de buscar líneas de soluciones sustentables como el reciclaje de las aguas para atender, por ejemplo, la demanda industrial”, concluyen.
Han colaborado en este artículo…
Manoel Renato Machado Filho, director del Programa de la Secretaria de Fomento y Apoyo a la Colaboración con Entes Federativos de la Secretaría Especial del Programa de Parcerías e Investimentos. Máster en Salud Pública por la universidad de Sao Paulo (USP), con estudios de postgrado en Ingeniería de Salud Pública y graduado en Geología por la Universidad de Brasilia.
Trayectoria: Miembro de la carrera de Especialista en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental del Ministerio de Economía. Funcionario Público Federal desde 1990. Geólogo e Ingeniero Sanitario en la Fundación Nacional de Salud y Ministerios de Salud, Ciudades y Planificación, ocupando cargos como Director de Infraestructura Social y Urbana (MPDG), director del Departamento de Desarrollo y Cooperación Técnica. Subdirector de Ingeniería en Salud Pública (FUNASA); Gerente Nacional de Proyectos de la Tarjeta Nacional de Salud (MS); Coordinadora General de Proyectos de Saneamiento y Edificios de Salud (FUNASA). Miembro del Consejo Curador de FGTS entre 2016 y 2018, en representación del MPDG.
Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia (Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio Y Turismo).
